¿Cómo vamos a defender con eficacia los derechos de la niñez si los organismos llamados a resguardarlos no dialogan? La reciente denuncia sobre el paradero desconocido de cerca de 200 niñas, niños y adolescentes de origen haitiano que ingresaron formalmente a Chile, nos genera una profunda alarma. Estos niños no provienen de cualquier realidad; escapan de un país sumido en un colapso institucional absoluto y una crisis humanitaria devastadora. La sola posibilidad de que tras este traumático desarraigo el Estado chileno les pierda el rastro es una doble victimización porque implica rostros e historias truncadas en su derecho más básico: el derecho a ser protegidos.
Más allá de la investigación en curso para determinar responsabilidades, este caso desnuda una preocupante realidad institucional. El sistema de protección e información en Chile está completamente desconectado entre sí. Resulta inaceptable que ante un hecho de esta gravedad, la respuesta pública tienda a diluirse en tecnicismos administrativos y un cruce de recriminaciones entre ministerios, servicios y periodos administrativos, en lugar de activar un engranaje de articulación inmediata.
No basta con contar con leyes como la 21.430 sobre Garantías y Protección Integral, cuyo artículo 4 es categórico al señalar que todo menor de edad bajo nuestra jurisdicción es sujeto de protección, sin importar la situación de los adultos a su cargo. La legislación se vuelve letra muerta si los protocolos de seguimiento técnico, el control fronterizo y los sistemas informáticos institucionales no conversan de manera integrada. Por eso es relevante que las personas encargadas de los distintos nodos del circuito tengan el conocimiento y la sensibilidad que exige su funcionamiento.
El Servicio Nacional de Migraciones, las policías, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez deben operar como un solo cuerpo. Cada vacío de información es una ventana abierta a riesgos tan graves como la trata de personas.
Desde Pacto Niñez, red de más de 130 organizaciones de la sociedad civil, abogamos por que el Estado consolide una verdadera “trazabilidad del cuidado” y la burocracia no sea un factor de daño contra la infancia más vulnerable.
Pacto Niñez
Juan Pablo Venegas, World Vision
Arturo Celedón, Fundación Colunga
Carolina Sánchez, América Solidaria Chile
Esteban Gómez, Fundación América por la Infancia
Liliana Cortés, Hogar de Cristo
Carla Ljubetic, Fundación Valientes
María de los Ángeles Castro, Infancia Primero
Paulina Araneda, Grupo Educativo
