Ante la reciente concesión de 56 rebajas de condena por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, 27 por abuso sexual y 29 por violación, Pacto Niñez, iniciativa colaborativa de la sociedad civil que articula a más de 130 organizaciones en torno al bienestar de la infancia, expresa su más profunda preocupación ante un hecho de máxima gravedad, especialmente considerando las históricamente bajas tasas de judicialización y sanción efectiva en esta clase de delitos. Por ello, la red hace un llamado urgente a las autoridades a entregar explicaciones públicas, asumir la responsabilidad institucional correspondiente y revisar la postura adoptada, evaluando formalmente la posibilidad de declinar o revertir esta decisión.

Como espacio transversal comprometido con los derechos de la infancia, Pacto Niñez enfatiza que el principio de irretroactividad de la ley no implicaba una concesión automática de estos beneficios. Argumentar que eficiencia y economía procesal son prioritarios al resguardo de las víctimas, es un tema que va en línea contraria a los compromisos adquiridos por Chile en torno a la protección de la niñez.

Las cifras de la Defensoría de la Niñez reportan un aumento de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, particularmente en el ámbito familiar, junto con tasas persistentemente altas de violencia sexual, violencia entre pares y discriminación, esta última concentrada en entornos digitales y educativos. La Encuesta Nacional de Polivictimización 2023 registra que un 18% de niñas, niños y adolescentes ha sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida —25% entre las mujeres—, y entre 2022 y 2024 la tasa de víctimas de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA) aumentó 73%.

Frente a la gravedad de la situación y en consonancia con los compromisos de Pacto Niñez, se formulan las siguientes exigencias concretas a las autoridades del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, especialmente a través de la Subsecretaría de la Niñez:

1. Rendición de cuentas e información transparente: Que las autoridades entreguen explicaciones públicas detalladas e informen si en los 56 expedientes beneficiados se realizó una evaluación individualizada y especializada de riesgo, detallando los instrumentos y profesionales considerados, así como los criterios que justificaron aprobar 56 solicitudes y rechazar sólo una.
2. Diferenciación estricta entre conducta y riesgo: Que se explique de qué forma se distingue la conducta disciplinaria dentro del penal de la capacidad real de reinserción y del riesgo asociado al retorno de los condenados tanto para las víctimas como para otras niñas, niños y adolescentes. 
3. Suspensión temporal de nuevos beneficios: Suspender la tramitación de nuevas reducciones de condena en casos semejantes mientras se efectúa una revisión jurídica y administrativa urgente del procedimiento, resguardando los derechos fijados por la ley.
4. Garantía absoluta de protección y seguridad para las víctimas: Implementar medidas de resguardo estrictas que impidan cualquier acercamiento, protejan los espacios cotidianos de las niñas, niños y adolescentes, y aseguren de forma prioritaria la seguridad y el bienestar de las víctimas frente a cualquier medida que vulnere sus derechos.
5. Protocolo de protección integral y apoyo a las víctimas: Establecer mecanismos rigurosos de información oportuna, acompañamiento jurídico y psicosocial integral para las niñas, niños, adolescentes y sus familias, garantizando un resguardo efectivo que evite cualquier forma de revictimización.
6. Respaldo a legislación: Apoyo al anuncio de una reforma constitucional con el ingreso de la moción de cuatro senadores para la no aplicación de beneficios en estos casos.

Pacto Niñez reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de la niñez y con los compromisos: la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes exige que las instituciones actúen con el máximo criterio, responsabilidad y firmeza, asegurando que el cuidado, el bienestar y la construcción de entornos amables y protegidos prevalezcan en todo momento para cada niña, niño y adolescente del país.