1.- Seguridad para la niñez en mi comuna.

2.- Salud Mental de la niñez como prioridad.

A pesar del aumento en la demanda de servicios de salud mental, el sistema presenta brechas significativas en cobertura y calidad. El Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI), crucial para la atención temprana, está disponible solo en 90 comunas del país, dejando muchas regiones sin acceso a este recurso esencial. La escasez de profesionales especializados/as en psiquiatría infantil y las desigualdades regionales en la atención refuerzan la necesidad de una intervención decidida.

3.- La voz de la niñez se escuchará fuerte y clara.

La participación de niños, niñas y adolescentes es un derecho fundamental reconocido tanto a nivel nacional como internacional. En Chile, la Ley 21.430 (“de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”) y la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen la obligación de garantizar su participación en la toma de decisiones que les afectan. 

A pesar de este marco legal, los datos sobre participación infantil son limitados y se centran principalmente en el ámbito escolar. Según la Defensoría de la Niñez (2022), solo poco más del 50% de los establecimientos educacionales cuentan con centros de estudiantes, lo que refleja un déficit en la promoción de espacios participativos más allá de lo escolar.

4.- La niñez tendrá presupuesto asignado.

La inversión en la niñez y adolescencia es un deber fundamental para los gobiernos locales en Chile. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en su Artículo 4, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas, para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, utilizando al máximo los recursos disponibles. En este contexto, los gobiernos locales no solo son implementadores de políticas públicas, sino actores clave en la priorización y gestión de la inversión destinada al bienestar de la niñez.

Aunque la inversión en niñez proviene mayormente del nivel central, los gobiernos locales tienen una responsabilidad clave en garantizar que estos recursos se utilicen de manera eficiente, estratégica y articulada. En 2022, el Estado chileno destinó un 4.4% del PIB al bienestar de la niñez, lo que representa el 17.8% del gasto público. A pesar de estos esfuerzos, la cifra sigue siendo baja en comparación con países como México (5.8%) o Reino Unido (8.5%). 

5.- Promoción de los derechos de la niñez.

Luego de 32 años de una larga y compleja espera, Chile tiene una Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Ley 21.430). A través de esta ley se inicia un proceso de adecuación de toda nuestra legislación, nuestras políticas e instituciones, para el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.